EL ESTADO MUNICIPAL ADHIERE A LA LEY MICAELA.

A continuación, la ponencia de la Concejal Emilia Méndez al argumentar el tratamiento del Proyecto de Ordenanza durante la hora de preferencia en la sesión de hoy jueves.

El día de hoy vamos a poner a consideración el proyecto de adhesión municipal a La Ley 27.499. Esta ley lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita que fue víctima de femicidio a los de 21 años de edad el 1 de abril de 2017.

Su violación y posterior femicidio conmovió al país. Su femicida, Sebastián Wagner, por decisión judicial había sido dejado en libertad sin tener en cuenta opiniones de peritos de la causa y tampoco se había tomado una denuncia que hubiera sido central en torcer el rumbo de esta historia. 

Los funcionarios y funcionarias intervinientes no tuvieron ni un ápice de perspectiva de género al momento de tomar decisiones que podrían haber evitado este hecho atroz. 

Es así que en diciembre de 2018 se sanciona esta Ley que establece en su artículo 1° la capacitación obligatoria en la perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles, sin importar jerarquía, forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Gracias al movimiento feminista y a  la enorme lucha de las mujeres hemos sido capaces de reconocer la falta de capacitación en perspectiva de género de muchos profesionales que trabajan en la temática y de los diversos organismos estatales. 

La implementación de esta normativa implica por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, donde funcionarios y funcionarias no sean quienes revictimicen, estigmaticen o violenten aún más a las víctimas y sus familias;  y por otro sensibilizar e interpelar desde la responsabilidad política a autoridades y agentes del estado, en la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector.

Los objetivos de esta ley son claros: Incorporar el enfoque de género, en el análisis de la violencia contra las mujeres y disidencias, visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre ellos, a fin de ampliar la visión de la problemática y teniendo en cuenta que es un problema comunitario, una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos.

Es indispensable para quienes cumplimos funciones públicas reconocer esta perspectiva como central no sólo para la prevención de la violencia de género, sino también para la definición de toda política pública y su aplicación.

Las violencias tienen un resorte estructural en las desigualdades y las inequidades, y para abordarlo es necesario que el Estado implemente una política pública fuerte, en la cual esta capacitación adquiere relevancia porque pone en la mira de todos y todas esas injusticias sociales.

Esta capacitación obligatoria y permanente va a brindar herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante casos de violencia de género que tengan lugar en el ámbito laboral.

Pero también va a tener una fuerte incidencia en nuestra sociedad local, porque nos va a permitir identificar y cuestionar las prácticas personales que reproducen los estereotipos de género y los micromachismos. 

Nos va a obligar a todos y todas a repensar qué hicimos, - qué hacemos  - y qué debemos hacer, para que entendamos que no hay más espacio para ser tolerantes con los violentos y no hay más espacio para soportar que una mujer, por su sola condición de mujer, deba soportar la violencia de otro ni las desigualdades sociales.
La perspectiva de género no es un asunto de las mujeres y las disidencias. También es un asunto de los varones trabajar para alcanzar la igualdad y la equidad que garantice una vida mejor para todas, todos y todes. 

No hay desarrollo posible sin igualdad de género.

Como decía, la tarea de construir una sociedad más igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género es de toda la comunidad, pero creemos que el Gobierno tiene un papel fundamental en ese camino. 

Adherir a esta ley es un primer paso en un largo camino que como sociedad y como gobierno local debemos empezar a recorrer. 

Tenemos el enorme desafío y la gran oportunidad para desburocratizar derechos, especialmente, para las mujeres y diversidades. Es prioritario lograr la efectiva transversalización de la perspectiva de género.

No se trata solo de  crear lugares específicos para la atención y la protección de la mujer víctima de violencia de género, Sino también de erradicar prácticas que ensanchan las brechas de la desigualdad.
Por ejemplo: cuestionar las masculinidades, o empezar a considerar como trabajo las tareas que realizan las mujeres día a día en sus casas: la crianza, el cuidado de las familias, que por el predominio de lógicas culturales machistas del patriarcado nunca fueron valoradas, sobre todo en términos económicos. 

Debemos también reconocer las desigualdades estructurales que suceden en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de acceso a la vivienda. 

Estoy convencida que dar cumplimiento a esta normativa significa una conquista más para la construcción de un municipio que nos incluya a todos, todas y todes.
Porque la perspectiva de género es justicia social y representa un profundo respeto por los derechos humanos.